LA OVEJA EXTRAVIADA.

Hace algunos milenios El Carpintero de Nazaret reprendiendo a los publicanos y fariseos les contó una historia: “Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.” (Mt. 18.11-14).

El sector organizado de Personas Con Discapacidad tiene una oveja extraviada desde el 2013, y es que cuando comenzó a consolidarse el régimen totalitario de Juan Orlando Hernández, con el PCM #266-2013, desapareció la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad, en lo sucesivo (DIGEDEPDI); una conquista social ganada a pulso, sudor y desveladas de la dirigencia y militancia que lograron en octubre del 2005, que se aprobara la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas Con Discapacidad.

En el gobierno del poder ciudadano, comandado por el Presidente Zelaya se implemento la Ley aprobada unos meses antes de su elección con la cual se le dio vida a la DIGEDEPDI y se activó el Consejo Consultivo, un órgano de dirección bipartita, donde Estado y sociedad civil discutían y decidían aspectos vitales sobre la discapacidad y las Personas Con Discapacidad junto a sus familias; Un avance sin precedentes.

Dos hombres reconocidos por su pensamiento progresista, ampliamente identificados con la izquierda hondureña sobrevivientes a la doctrina de seguridad nacional y a los escuadrones de la muerte, fueron desde la Secretaría de Gobernación y Justicia los responsables de marcar los hitos fortaleciendo la institucionalidad con la participación activa del movimiento social de las Personas con Discapacidad y sus familias. Dos personajes cuyos ecos aún vibran en algunas memorias del tejido social.

Jorge Arturo Reina, fue el primer Ministro de aquella Secretaría y quien dispuso lo necesario para que la DIGEDEPDI se encubara, y a través de un proceso rápido echara dientes. Y es que la DIGEDEPDI por mandato del decreto 160-2005 se convirtió en un ente estatal el cual “funcionara como un órgano desconcentrado con autonomía e independencia técnica, administrativa y financiera. Tiene como finalidad promover la aplicación de los derechos de las personas con discapacidad, la formulación e implementación de políticas públicas, planes, programas y proyectos vinculados con esta población, debe garantizar en sus actuaciones la coordinación con todas las instituciones del Estado, la participación activa y significativa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones”. Y está conformada por:

a) Consejo Consultivo

b) Un director (a) General

c) Un subdirector (a)

Siendo nombrados de una terna propuesta de sociedad civil; Víctor Meza fue el único Secretario de Estado respetuoso de la ley y sus procedimientos quien cumplió el proceso de selección.

Después de 15 años y un poco más, los escenarios han cambiado, los actores se han renovado, las exigencias han crecido, la institucionalidad se ha debilitado y el proceso con enfoque de derechos vulnerado; en este contexto la presidenta Xiomara Castro asumió en medio de muchas expectativas, con la firme convicción que fortalecería el Estado de derecho y la institucionalidad, así como priorizaría a los grupos eternamente olvidados.

Dura tarea para SEDESOL y el equipo que dirige el Ministro Cardona. Desapareciendo SEDIS y creando una nueva estructura ministerial pensaríamos que la ventana de oportunidad es más amplia para configurar nuevamente la DIGEDEPDI. El último intento visible, fue nombrar la dirección de discapacidad como DIGEDEPDI, un buen inicio, pero no será suficiente. Sin un Consejo Consultivo y sin la participación directa en la toma de decisiones la DIGEDEPDI podrá haber recuperado su nombre, más no la esencia con la que fue creada. Es imperativo reactivar el consejo consultivo y normalizar los procesos tal y como lo manda el decreto 160-2005 aún vigente.

En materia de institucionalidad, la historicidad, la carga emotiva e ideológica, generan dificultad para llegar a definiciones consensuadas, aunque su reconocimiento positivo se registra en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, es clara la necesidad de viabilizar este ejercicio de los derechos en términos de ciudadanía.

Aplaudimos los esfuerzos por pretender ordenar los procesos de la DIGEDEPDI, sin embargo, mientras estos continúen maquillando la grave falta de institucionalidad habrá voces críticas que señalaremos la ruta o rutas para encontrar la oveja perdida y cuando la encontremos, como en la parábola, esperamos celebrar, con Castro Sarmientos, Cardona, Aguilar o quienes hallan sido capaces de superar intentos insípidos por rescatar y fortalecer la institucionalidad y con ello el Estado de derecho.

Zelaya, Reina y Meza, así como la dirigencia del movimiento social demostraron con creses estar a la altura histórica del momento, este editorial es para reivindicar sus memorias, sus luchas y legado, mismo que se mancilló con las acciones y silencios después del golpe de Estado del 2009, agravándose sobre todo a partir del 2013.

Esta nueva generación de liderazgos tenemos la obligación ineludible de arbolar la bandera de la participación activa, la defensa de la institucionalidad, y el rescate de un legado que no puede caer simplemente en el olvido, no esperamos menos de la nueva generación de funcionarias y funcionarios, sino sepan que la historia y la actual dirigencia de este movimiento social les recordará.