LA FUERZA DEL PODER TERRITORIAL.

La persona como sujeto político, en si misma tiene un poder que se alimenta de su propia voluntad, libertad y determinación. Cuando varias personas juntan esas fuerzas entonces hablamos de una colectividad encaminada a buscar propósitos comunes. “LA FUERZA SOCIAL, UN MOVIMIENTO SOCIAL”.

El sector organizado de personas con discapacidad y sus familias como movimiento social, ha desarrollado una dinámica particular, y es que se ha mantenido en un movimiento alterno, en relación con los otros segmentos del movimiento social; como en una especie de invernadero privativo; lo que puede suponer un grupo amplio de ventajas y desventajas; sin embargo, en este momento histórico-político constituye una enorme oportunidad que los distintos liderazgos deben aprovechar.

Comenzaremos diciendo que Honduras vive en una exclusión estructurada, donde a Menudo se relaciona la Discapacidad Con la falta de oportunidades y el limitado acceso a los derechos fundamentales. ¿Cómo se le llama A Una Sociedad Con Deficiencias Palpables? Si no es una sociedad eminentemente excluyente.

La ausencia de Políticas Públicas que garanticen el estado de bienestar, servicios públicos, los derechos en igualdad de condiciones, solo se revierten desde la apuesta de poderes públicos, consensuados y respaldados por todos los sectores desde cada territorio, donde cada persona como sujeto político debería ser consciente del poder que ejerce. Entiéndase por territorio el espacio geográfico donde la acción social de los colectivos integrados por el sujeto político, (en este caso las personas con discapacidad y sus familias) tienen su influencia.

Esta última es una tarea que durante décadas se asumió por las organizaciones de y para personas con discapacidad y sus familias, y que ahora hay que trazar líneas con más fuerza, acompañando al sujeto político a ser responsable de sí mismo. Provocando que cada Persona Con Discapacidad sea protagonista de iniciativas contra el racismo, la discriminación, la desigualdad, la homofobia, en general contra cualquier practica que promueva la exclusión. Haber adelantado la tarea, le da al movimiento social un tesoro que le permite negociar con el actual gobierno con un poder, cuya riqueza aún no se dimensiona en su total plenitud.

La ausencia del Estado protector nos ha obligado a impulsar desde la fuerza particular del movimiento social, modelos inclusivos para promover el desarrollo humano. Basados en la Educación Inclusiva, que es el ascensor social que permite romper con las barreras del silencio, la opresión, la indiferencia, pero sobre todo vencer las barreras cognitivas y actitudinales con el fin de erradicar la exclusión estructural.

Hemos comprobado que solo la inclusión y la descentralización del poder, abrirá un camino para reestructurar los modelos de territorio que garanticen los derechos de todos y todas; un modelo de Estado consensuado con una expansión de libertad.

La mayor riqueza social es precisamente la diversidad, si la escuchamos, le abrazamos, ofrece soluciones, ideas y alternativas. La construcción social en los territorios es el vehículo más seguro para el desarrollo, esta no sería fácil, mucho menos efectiva si la hacemos por las personas con discapacidad, en cambio sí lo hacemos con el sujeto político consolidaremos la democracia.

SEDESOL lo sabe, o por lo menos lo intuye, en tal razón hace unos días lanzó el fondo solidario para fortalecer las organizaciones de sociedad civil de y para personas con discapacidad y sus familias, así como los diferentes colectivos que trabajan en los territorios. Una oportunidad para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmientos, para demostrar con hechos que pretende priorizar las necesidades del sector social de las Personas Con Discapacidad y sus familias, también es una oportunidad para el movimiento social organizado para imponer de una vez como prioridad en la agenda pública las necesidades de las Personas Con Discapacidad y sus familias, así como demostrar la fuerza que se ha construido en los territorios con el sujeto político; un buen medidor.

Quizá solo una barrera formal impida separar la unión de estas dos voluntades, y es que SEDESOL, con el afán de blindar el proceso de los tentáculos de la corrupción, impuso un pliego de requisitos para acceder a los diez mil dólares, cantidad que es el techo de los fondos solidarios, requisitos que son casi inalcanzables para los colectivos u organizaciones de tierra a dentro, incluso de la misma capital.

Buen desafío nos encontramos por delante: democratizar las transferencias, fortalecer el trabajo de los territorios y salvar las formalidades pensadas desde la lógica de la centralización deberían ser los diálogos venideros para evitar la desigualdad promovida desde las estructuras “oficiales”; el acceso a fondos frescos encaminados a promover el desarrollo no pueden estar destinados a quienes tienen la capacidad para pagar y cumplir los requisitos impuestos por la formalidad, sino también eso se convierte en prácticas excluyentes.

SEDESOL o ninguna otra estructura gubernamental no pueden seguir imponiendo un modelo de gobierno vertical, autocrático y paternalista, ya que es continuar rallando en la desigualdad y la exclusión social, un especial cuidado que debe tener el brazo social del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Hacemos un llamado a todos aquellos que recientemente recibieron el poder nominal, y que pretenden decidir en nombre de los territorios; es necesario pues a afrontar las desigualdades territoriales desde la consulta previa e informada. La democracia desde los territorios es la apuesta de política soberana por excelencia. Por lo cual, revirtamos esa estructura de poder piramidal y vertical; la historia y el momento actual lo demanda. Recuperemos la democracia participativa en nuestro país, desmontando la heredad política autoritaria y genocida de nuestros pueblos.