COMUNICADO SEMANA DE LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN HONDURAS

Tegucigalpa, 24 de abril de 2023.- La Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH) hace suyas las palabras del Relator Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el Señor Gerard Quinn, que en su último informe publicado en marzo de 2023, donde asegura que el apoyo a este grupo en condición de vulnerabilidad, exige una nueva filosofía que tenga en cuenta su autodeterminación moral, su autonomía y su inclusión social. “Es difícil hablar del derecho formal a vivir de forma independiente y estar conectado a la comunidad sin hablar de tipo de servicios necesarios para hacerlo realidad. Ninguna reforma legislativa positiva será sostenible a menos que cambie el ecosistema subyacente de apoyo y servicios”, para ello es necesario cambiar el modelo de apoyo actual.

La crisis provocada post la pandemia de COVID-19, ha agravado las desigualdades existentes y puesto de manifiesto el grado de exclusión y la necesidad imperiosa de incluir a las personas con discapacidad en los planes de desarrollo sostenible desde las comunidades. Unos mil millones de personas en el mundo, de los cuales en nuestro país hay alrededor de 1,250,000 personas con discapacidad (según la Encuesta Mundial de Salud), el cual es uno de los grupos más excluidos y afectados por la crisis económica actual. Las personas con discapacidad tienen mayores dificultades para acceder a salud, educación, empleo y participación social, entre otros, evidenciado así las grandes barreras actitudinales, de comunicación y arquitectónicas que aun en Honduras, no hemos logrado superar sin una hoja de ruta o un plan para poder dar respuesta a la deuda social histórica con este colectivo de la ciudadanía, sin una agenda política clara de quienes han ejercido y ejercen el poder.

El Estado de Honduras en el trascurso del presente año tendrá su segunda evaluación de la debida aplicación de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con un progreso lento y sin avances claros en la dignificación de las personas con discapacidad.

Desde la Federación CIARH, valoramos que en este gobierno se retomara el proceso de armonizar con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la legislación nacional para las personas con discapacidad (Ley de Equidad y Desarrollo Integral Para las Personas con Discapacidad), a través de la Mesa Técnica de Reforma del Decreto 160-2005, hemos logrado sentarnos y consensuar una nueva propuesta de Anteproyecto “Ley por los Derechos de las Personas con Discapacidad”, con el Gobierno e Instituciones del Estado, con el acompañamiento técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades, la que se encuentra en proceso de Socialización y Consulta, en las diferentes regiones del país.

Invitamos a garantizar que los organismos especializados de las Naciones Unidades centrados en el desarrollo de servicios, como el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud, se esfuercen por asegurar que los servicios cumplan los objetivos de ejercicio de la autodeterminación moral y la inclusión social.

Exhortamos a la presidenta de la Republica Xiomara Castro Sarmiento, a desarrollar un gobierno equitativo e inclusivo donde las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que los representan, podamos construir a la construcción e implementación de una agenda de país y un plan de gobierno participativo con igualdad de oportunidades. Al nuevo Congreso Nacional solicitamos aprobar la propuesta de Anteproyecto de Ley por los Derechos de las Personas con Discapacidad, una vez socializada y consultada a nivel nacional, así como cualquier otra propuesta que garantice los derechos de las personas con discapacidad; y a las Autoridades Municipales incluir en sus Planes de Desarrollo Municipales, acciones positivas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad y sus familias en sus comunidades.

“Respetar los derechos de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia, sino un tema de “interés público” y una inversión en nuestro futuro común”.